La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, en conjunto con el Comité de Derechos Humanos de la Goajira, se solidarizan con el pueblo Yukpa quién desde el 2001 ha sido víctima de continuas violaciones a sus derechos. En este sentido, se condena la reiterada violación a las garantías constitucionales vinculadas con el derecho a la libertad de tránsito y a la integridad física cometidas por funcionarios adscritos a la 12 Brigada Caribes del Ejército y al Destacamento 36 de la Guardia Nacional quiénes se encontraban siguiendo instrucciones del General (FAB) Gerardo José Izquierdo Torres, quién es funcionario del Teatro de Operaciones No. 4 bajo el mando del General Almidien Moreno Acosta.
En esta ocasión, denunciamos el cerco militar, las detenciones arbitrarias, los maltratos y el uso excesivo de la fuerza contra las y los participantes de la caravana humanitaria que llevaba alimentos y medicinas al pueblo Yukpa, integrada por activistas sociales, estudiantes universitarios y profesionales de diversas áreas, pertenecientes a instituciones del Estado, organizaciones sociales, de derechos humanos, ecologistas y medios alternativos y comunitarios, quienes han venido acompañando al pueblo Yukpa en su lucha por la reivindicación del derecho a sus tierras ancestrales. Hechos ocurridos entre el 22 y 23 de agosto de 2008.
Asimismo, condenamos la limitación al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en tanto Maryluz Guillén, Kelys Amundaray y María de los Ángeles Peña actuaron en función de vigilar el respeto a la vida e integridad física de Tomas Becerra y Luis Chaparro quienes fueron golpeados por funcionarios militares. Exigimos justicia en este caso sobreseyendo las causas que les fueron abiertas y erradicando la práctica de abrir procesos judiciales a personas que de manera pacífica realizan acciones de exigibilidad de los derechos.
Rechazamos que los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso el Ejército y la Guardia Nacional utilicen armas de fuego para el control de manifestaciones, lo que se califica como uso excesivo de la fuerza y una violación al artículo 68 de la Constitución, en el cual se prohíbe el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones. Esta situación constituyó un grave riesgo para la vida tanto de las personas que allí se encontraban como de los mismos funcionarios.
Condenamos la criminalización de los activistas promovida por medios como el diario "La Verdad" del estado Zulia, en cuyo titular del pasado domingo 24 de agosto del 2008 se intenta hacerlos ver como delincuentes violentos que atacan funcionarios militares, lo que descalifica ante la opinión pública la acción humanitaria a favor de los indígenas Yukpa y pone en riesgo su integridad física al pretender justificar cualquier acción en su contra.
La Red de Apoyo, acompaña las exigencias de los pueblos indígenas y en particular del pueblo Yukpa en términos de que la Comisión Nacional de Demarcación avance de forma rápida y eficaz en el proceso de demarcación territorial indígena garantizando el protagonismo de los líderes tradicionales.
La Red de Apoyo considera que la seguridad de la frontera solo es posible si se garantiza la inclusión de la población, la presencia institucional y el resguardo de las personas y el territorio desde un enfoque de derechos humanos. Se exige, por tanto, a las autoridades que actúen en consecuencia.
Caracas, 29 de Agosto de 2008.
En esta ocasión, denunciamos el cerco militar, las detenciones arbitrarias, los maltratos y el uso excesivo de la fuerza contra las y los participantes de la caravana humanitaria que llevaba alimentos y medicinas al pueblo Yukpa, integrada por activistas sociales, estudiantes universitarios y profesionales de diversas áreas, pertenecientes a instituciones del Estado, organizaciones sociales, de derechos humanos, ecologistas y medios alternativos y comunitarios, quienes han venido acompañando al pueblo Yukpa en su lucha por la reivindicación del derecho a sus tierras ancestrales. Hechos ocurridos entre el 22 y 23 de agosto de 2008.
Asimismo, condenamos la limitación al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en tanto Maryluz Guillén, Kelys Amundaray y María de los Ángeles Peña actuaron en función de vigilar el respeto a la vida e integridad física de Tomas Becerra y Luis Chaparro quienes fueron golpeados por funcionarios militares. Exigimos justicia en este caso sobreseyendo las causas que les fueron abiertas y erradicando la práctica de abrir procesos judiciales a personas que de manera pacífica realizan acciones de exigibilidad de los derechos.
Rechazamos que los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso el Ejército y la Guardia Nacional utilicen armas de fuego para el control de manifestaciones, lo que se califica como uso excesivo de la fuerza y una violación al artículo 68 de la Constitución, en el cual se prohíbe el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones. Esta situación constituyó un grave riesgo para la vida tanto de las personas que allí se encontraban como de los mismos funcionarios.
Condenamos la criminalización de los activistas promovida por medios como el diario "La Verdad" del estado Zulia, en cuyo titular del pasado domingo 24 de agosto del 2008 se intenta hacerlos ver como delincuentes violentos que atacan funcionarios militares, lo que descalifica ante la opinión pública la acción humanitaria a favor de los indígenas Yukpa y pone en riesgo su integridad física al pretender justificar cualquier acción en su contra.
La Red de Apoyo, acompaña las exigencias de los pueblos indígenas y en particular del pueblo Yukpa en términos de que la Comisión Nacional de Demarcación avance de forma rápida y eficaz en el proceso de demarcación territorial indígena garantizando el protagonismo de los líderes tradicionales.
La Red de Apoyo considera que la seguridad de la frontera solo es posible si se garantiza la inclusión de la población, la presencia institucional y el resguardo de las personas y el territorio desde un enfoque de derechos humanos. Se exige, por tanto, a las autoridades que actúen en consecuencia.
Caracas, 29 de Agosto de 2008.
